Gobierno en Estado de Excepción

La falta de decisiones concretas del Poder Ejecutivo lo hacen presa del desorden político que envuelve al país, donde una mayoría opositora marca los rumbos, mientras el Estado carece de autoridades que conduzcan los supremos intereses de la ciudadanía.
Ocurre con la decisión de declarar en Estado de Excepción 5 departamentos del país (Amambay, San Pedro, Concepción, Pdte. Hayes y Alto Paraguay) que a criterio de las autoridades de seguridad interna son los focos de conmoción social por inseguridad.
Esta zona estaría entregada a integrantes de un grupo criminal que pretende atribuirse la calificación de beligerantes bajo la autodenominación de Ejercito del Pueblo Paraguay, mientras no existen trazos de una lucha política reivindicatoria y se desconoce la cabeza real del grupo.
En el tratamiento de este caso, queda nuevamente en evidencia que el Presidente de la República se mueve a la medida del temor político. Si bien la Constitución Nacional le habilita a declarar el Estado de Excepción vía decreto, prefirió hacerlo mediante la presentación de un proyecto de ley, presentado al Congreso Nacional, hecho que fue muy bien calificado como un deslindar de responsabilidades.
De hecho, los números de la oposición son suficientes como para extorsionar al Presidente ante cualquier error o exceso que pudiera cometerse en los procedimientos. Más aún cuando la excepcionalidad habilita a las fuerzas militares a operar sin demasiadas restricciones.
El temor de Lugo no es vano, y es claro que si no firmó el decreto fue sencillamente porque le advirtieron sobre dicha posibilidad.
Otro fundamento sería la complejidad en la aplicación de la ley de Excepción. Resulta que en uno de los párrafos del artículo 288 de la Constitución Nacional se habla de la posibilidad de que los detenidos en el marco de la vigencia de la ley, "en todos los casos" tienen la posibilidad de optar por salir del país. Si sólo Lugo lo hubiera decidido, no faltarían los reproches con la intención de vincularlo con una aparente estrategia de acompañamiento a la fuga de los líderes del EPP, relación que siempre fue sospechada por la oposición. Sin embargo, es de fácil comprensión que técnicamente aquellas personas procesadas por hechos punibles comunes (robo, hurto, asesinatos y secuestro) no puedan servirse de dicha garantía, de lo contrario más que una restricción sería una "premiación".
Aún asi, resulta obvio colegir que el mandatario prefirió tomarse el camino menos engorroso y dejar al Poder Legislativo la tarea de decidir la declaración de excepcionalidad constitucional; ya que el único camino que sobrevendría a una declaración unipersonal sería el de los reproches de toda índole hacia el ejecutivo.
Aqui quien tuvo la iniciativa no es el problema. El asunto es que se consensúe mecanismos para combatir a la criminalidad organizada, lo antes posible. No se trata de quien tuvo la idea más ingeniosa o quien la avergonzada. Como bien lo dijo el analista en asuntos de seguridad, Dr. Horacio Galeano Perrone en una entrevista televisiva, el fracaso en las operaciones de combate a la delincuencia es atribuible a la "clase política", aquella a la que se le encomendó la tarea de conducir las prioridades del país y delimitar los planes de contingencia en situaciones de crisis.
Antes de desgastar el tiempo en discusiones estériles, tanto parlamentarios como ejecutivos, deberían sentarse en una mesa amplia y barajar las posibilidades de empuje al desarrollo y la paz social que requiere el país; y no sólo para combatir al EPP, sino al hambre, la corrupción, la dilapilación de los recursos públicos, etc.
Para la premiación todavía resta tiempo, las elecciones generales serán recién en tres años; mientras tanto, existe un país que requiere del trabajo a tiempo completo de aquellas personas que fueron electas para el efecto.
Paraguay no es de Lugo ni de la oposición, es del pueblo.
Mientras la clase política siga detenida en discusiones para la prensa, los miembros del EPP seguirán arreando gente en los confines de la patria, que viven desamparadas, sin alimentos, donde la salud y educación no existen y donde la miseria le sirve de celestina a la criminalidad y la violencia.
El país vive en un Estado de Excepción decretado por la delincuencia, donde son las autoridades las que que no pueden tomar decisiones y se encuentran azuzadas por la avaricia y la terquedad, mientras el pueblo se sirve de las migajas de un sistema inestable y excluyente.